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La Organización de Naciones Unidas (ONU), a través de la oficina especializada en la lucha contra el narcotráfico, efectúa nuevos estudios para establecer el destino de la coca que se produce en Bolivia sobre la base de las 22.000 hectáreas autorizadas por ley.

“Incrementamos el número de informes de monitoreo y se realizan nuevos estudios a pedido del mismo Gobierno para conocer la situación sobre el rendimiento de la hoja de coca y los procesos de conversión coca a cocaína. Entonces, realizamos algunos estudios científicos para determinar, precisamente, si realmente este nivel de las 22.000 hectáreas es necesario”, informó a La Razón el representante en Bolivia de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Thierry Rostan, luego de la presentación del Informe Mundial sobre las Drogas 2018.

El trabajo tuvo como referencia la Ley General de la Coca que autorizó el cultivo del vegetal hasta 22.000 hectáreas, un indicador superior a las 12.000 hectáreas que establecía la difunta Ley 1008.

Actualmente, según el más reciente informe de la UNODC, existen 23.100 hectáreas de cocales en zonas autorizadas y parques nacionales. Rostan anticipó que los resultados de este nuevo estudio serán presentados públicamente los próximos meses.

“Si podemos garantizar que los nuevos cultivos de la coca corresponden a una demanda nacional para uso tradicional, uso medicinal y proyectos de agroindustrialización que el Gobierno quiere desarrollar, no hay ningún inconveniente, pero al momento que esa coca sirva para producir cocaína, entonces ahí nos preocuparemos”, enfatizó ayer el representante de la UNODC en Bolivia.

Las 22.000 hectáreas legales de coca se distribuyen así: 14.300 para la región de los Yungas de La Paz y 7.700 para el trópico de Cochabamba. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, remarcó que las áreas de cultivo, incrementadas por ley, se deben destinar a fines lícitos y medicinales, además para ser empleados en rituales.